INFORME DDHH: “EL ESTADO DE CHILE ES PASIVO FRENTE A LA DISCRIMINACION QUE AFECTA A LAS MINORIAS SEXUALES”   Leave a comment

INFORME DDHH: “EL ESTADO DE CHILE ES PASIVO FRENTE A LA DISCRIMINACION QUE AFECTA A LAS MINORIAS SEXUALES”

En su nuevo estudio, la Universidad Diego Portales advierte que los derechos humanos de las minorías sexuales son vulnerados “frecuentemente” en Chile. Algunos ejemplos son violentos atropellos que en el 2007 provinieron de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de los tribunales y de la falta de políticas gubernamentales para hacerles frente.

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Por Alberto Roa

Editor del informe y director del Centro Derechos Humanos de la UDP, Nicolás Espejo

19 de agosto 2008 (OpusGay.cl).- El VI Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) dio especial importancia a la situación de vulnerabilidad que afecta a los sectores discriminados en Chile, como son las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes y las minorías sexuales.

El Informe, dado a conocer hoy tras ser editado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, cuestionó ácidamente la calidad “protectora del Estado”, así como su débil agilidad para generar condiciones socioculturales de igualdad, a diferencia del interés presentando en los ámbitos de crecimiento económico e inserción comercial en el extranjero.

El Estado “se llama protector”, precisa la UDP, aún cuando ” humilla a sus mujeres al no reconocerles su autonomía sexual y reproductiva, concentra el impacto negativo ambiental en los sectores más desaventajados, hace un uso excesivo de la represión policial y penal con sus pueblos originarios y perma­nece generalmente pasivo frente a la discriminación de sus minorías sexuales y al desarrollo de una política integral de su población dis­capacitada”.

Redondea que “mientras el Estado de Chile suele exhibir una excesiva diligencia para la ratificación de tratados comerciales, lo mismo no ocurre con diversos instrumentos básicos y que son esenciales para los derechos humanos de miles de personas”, como son variadas convenciones, estatutos y protocolos que a la fecha carecen de la adhesión o ratificación de nuestro país.

Ejemplos son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la convención que declara imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio; el Estatuto de Roma que crea la corte Penal Internacional; el Protocolo Facul­tativo o Adicional a la convención Americana Sobre Derechos Eco­nómicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y el Pro­tocolo Facultativo o Adicional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.

Comentado por el abogado Nelson Caucoto, por el cientista político Patricio Navia y por la periodista Carolina Urrejola, el informe denunció además ampliamente las desigualdades del actual sistema de salud, las precarias condiciones de las personas privadas de libertad y los altos niveles de represión policial en contra de las movilizaciones sociales, fenómenos que llevaron a la diputada Karla Rubilar (RN) a concluir durante la presentación del texto que en “democracia también se violan los derechos humanos”.

“Chile se comprometió a cumplir estándares internacionales que no está haciendo, y lo peor que puede hacer el Gobierno es negar esta situación, porque vamos a ver cada vez más personas recurriendo a tribunales en contra del Estado” , dijo la parlamentaria de derecha al promover ” una agenda de derechos humanos inclusiva, que abarque a todas las sensibilidades políticas porque este tema no es patrimonio de ningún sector”.

MINORIAS SEXUALES

Comentaritas Informe DDHH de la UDP

Para la UDP, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) son “frecuentemente vulnerados” y carecen de “una protección adecuada”, situaciones que se agudizan por la invisibilización pública de los problemas que aquejan al sector y por la “directa ani­madversión en su contra, como lo demuestran constantes casos de discriminación o violencia”.

Centrando su análisis en hechos ocurridos el 2007, la universidad apuntó que los principales y más emblemáticos casos de discriminación dañaron a los policías gays Víctor Rivas, Armando Salgado y César Contreras y a la profesora de religión Sandra Pavez, quienes fueron expulsados de sus respectivos trabajos en razón de su orientación sexual.

Junto con lamentar que a la fecha ninguno de esos hechos hubiese alcanzado justicia en los tribunales nacionales, la UDP identificó como los principales responsables de esos y otros atropellos a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia Católica y al sistema educacional, que expulsa de las aulas a quienes identifica como homosexuales o transexuales.

Tanto Carabineros, como la Policía Civil y Gendarmería presentan “dificultades (…) para cumplir debidamente con el mandato consti­tucional de no discriminación en general, y en particular respecto de las minorías sexuales que forman legítimamente parte de ellas”, sostiene el estudio.

Los hechos, cuya virulencia se agravaron con declaraciones homofóbicas de altos mandos en retiro, “son preocupantes, toda vez que pue­den dar cuenta de una percepción al interior de las Fuerzas Armadas respecto a una naturaleza de las personas pertenecientes a minorías sexuales, asimilada o asociada a conductas desviadas, comportamien­to ilícito y falta de rectitud”.

En relación a la Iglesia Católica, la UDP criticó que dicha institución pueda decidir quienes o no pueden ejercer clases de religión, gracias a una normativa que la faculta para determinar la idoneidad de los y las docentes y que le permite dejar fuera de las aulas a homosexuales, como ocurrió con la profesora Pavez.

“La situación se agudiza al verificar la inexistencia de una defini­ción vaga de lo que constituye lo idóneo, quedando su determinación a la discrecionalidad de la autoridad “, y al constarse que los recursos de protección presentados a favor de las personas afectadas no son acogidos por los tribunales.

“Al igual que en muchos otros casos de recursos de protección” los tribunales no se hacen cargo de los derechos invocados por las personas afectadas, “menos de los tratados internacionales sobre derechos huma­nos ratificados por Chile y que importan una estricta aplicación de la cláusula de no discriminación”.

A la luz del Caso Pavez, y del fallo que de la Corte de Apelaciones de San Miguel que le negó su derecho a ejercer clases, es “posible identificar una doble normativa en materia de derecho a la educación y derecho al trabajo”, una regida por la Constitución y los tratados internacionales y la otra por la la jurisdicción religiosa, que termina por imponerse a la primera, señala la UDP.

La institución consideró además alarmante que la expulsión de estudiantes en razón de su orientación sexual ocurrida en el 2007 fuera acompañada ” durante un largo período de hostigamientos de distinta índole de parte de sus mismos establecimientos”, además de lamentar que una pareja lésbica fuera golpeada en un pub de la Región Metropolitana sólo por darse un beso.

“Las expresiones de cariño realizadas por estas parejas son continuamente reprimidas, situación distinta a la de las parejas heterosexuales”, advirtió la UDP en su capítulo sobre las minorías sexuales redactado por Tabata Santelices con la co-edición de los profesores Domingo Lovera y Mayra Faddersen.

AVANCES

Con un diagnóstico general negativo sobre la situación de las minorías sexuales, la Universidad destacó diversos aspectos como positivos, toda vez que permiten avanzar hacia la igualdad de derechos.

Uno de los más importante es la mayor apertura a nivel ciudadano, pues según todas las encuestas la homofobia y transfobia ha disminuido en las personas, siendo las autoridades quienes se encuentran atrasadas al respecto.

También en el 2007 una mujer lesbiana presentó la primera demanda laboral por lesbofobia, mientras que al Congreso Nacional ingresaron diversos proyectos de ley favorables a las minorías sexuales, resaltando uno que busca permitir a transexuales cambiar su nombre de una manera más fácil y otro que persigue derogar el artículo 373 del Código Penal, norma utilizada para detener a homosexuales o transexuales sólo por expresar su afecto en público.

Con todo, dichos proyectos no han sido aprobados, al igual como ocurre con la ley que establece medidas contra la discriminación, radicada en el Senado desde el 2005, o con las uniones civiles entre personas del mismo sexo, siendo en buena parte responsable de estos retrasos el gobierno, especifica la UDP.

“La regulación legal de los derechos de las minorías sexuales no se encuentra en la agenda legislativa prioritaria del gobierno, quien determina la celeri­dad del proceso legislativo en Chile”, apuntó la universidad.

OTROS SECTORES

Gran asistencia de público tuvo el lanzamiento del informe

El informe fue igual de lapidario en relación a los derechos humanos de otros sectores sociales.

Sobre los niños, niñas y adolescentes, Chile “exhibe graves déficits comprometiendo seriamente su capacidad de otorgar pro­tección efectiva a los derechos” , mientras que respecto a las personas con discapacidad, la mitad de esta población “no ha completado ni siquiera la educación básica”.

“Preocupantes y reiterativos” son también los “he­chos de violencia contra la mujer y de la insuficiencia de información y políticas adecuadas para la erradicación de esta calificada violación a los derechos humanos”.

Igual de lamentable es la situación de los pueblos originarios, añade la UDP. Se aprecia un “deficiente modelo de reconocimiento consti­tucional de los pueblos indígenas en Chile, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes in­tentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias interna­cionales en esta materia”.

A ello se suma la falta de garantías para un correcto ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de huelgas, además de la carencia del debido proceso en la legislación militar, en especial cuando es aplicable a civiles.

La Casa de Estudios consideró que en función de estos antecedentes el Estado “debe garantizar niveles de protección aun más intensos y que se justifican debido a la particular exposición a actos de violencia o discriminación” padecidos por sectores minoritarios o históricamente excluidos.

Para ello corresponde a “los Estados no sólo evitar eje­cutar actos directos que violen derechos fundamentales. Deben, ade­más, ser capaces de garantizar, de facto, el efectivo goce de los dere­chos humanos”, puntualizó el informe.

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FUERTE POLITIZACION DE LA HOMOFOBIA Y TRIUNFOS HISTORICOS DE LAS MINORIAS SEXUALES MARCARON EL 2005

HOMOFOBIA DISMINUYO EL 2004, PERO CORTE SUPREMA “LEGALIZO LA DISCRIMINACION”

UN 37 POR CIENTO AUMENTARON LAS DENUNCIAS POR HOMOFOBIA EN CHILE EL 2003

ESTUDIO REPORTA 46 CASOS DE HOMOFOBIA EL 2002

http://www.opusgay.cl/1315/article-83401.html

Publicado septiembre 8, 2008 por Ricardo Paulo Javier en Uncategorized

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